Proyecto Termoeléctrico Punta Catalina.
Por Hector Turbi
CARBON
A estas alturas, los señores Rubén
Bichara, Wilton Guerrero y Danilo Medina integrantes de un grupo muy íntimo al
interior del partido de gobierno, deberían estar conscientes de que se exponen
a un corrientazo que los achicharre políticamente, por la manera burda con que
están manejando los temas relacionados con el Proyecto Termoeléctrico Punta
Catalina.
Si alguien me reclama que esta es una
afirmación política, respondería que no hay otra manera de enfrentar esta
situación, pues precisamente político ha sido el camino que ha seguido el
gobierno para manejar un tema de importantes características y dimensiones
técnicas, económicas y sociales.
Y obviamente que los tres personajes
mencionados son solo los representantes de una maraña de intereses políticos –
empresariales que involucra a muchos actores, pero no todos como ellos tienen
en sus manos un cable eléctrico pelado asumiendo el riesgo de que alguno de los
demás participantes los conecte a un toma corriente sin avisarles.
El término carbón, podría definirse
en este caso como un negocio sucio, entonces en resumen podemos decir que lo
que están haciendo los promotores y beneficiarios del Proyecto Punta Catalina
es un tollo.
·
Un tollo financiero y fiscal.
·
Un engendro mafioso y corrupto descomunal.
·
Un tollo a nivel técnico, medioambiental, económico y social, y
·
Un arreglo caótico en el ámbito político-institucional y de toma de
decisiones.
Lo que pasa con este proyecto, es una
escalada más de un Estado cuatrero y régimen mafioso que se ha instaurado en
nuestra sociedad desde hace ya mucho tiempo.
Con la llamada apertura comercial y
liberalización económica que vivimos desde principios de los 80 del siglo
pasado, asistimos a un ensamblaje de acero de la tradicional corruptela y
clientelismo político con la mercantilización a ultranza; el desborde del
espíritu lucrativo a todos los niveles para dar como resultado un verdadero
descuartizamiento y depredación de todo lo que se llame bienes comunes,
patrimonio publico o servicios sociales.
Políticos tradicionales transformados en
prósperos empresarios y viceversa para producir un drenaje descomunal de
recursos desde los pobres hacia los ricos y unas élites que acumulando poder
económico y político construyen barreras aparentemente infranqueables de
impunidad, saliéndose con las suyas en la mayoría de los casos, comprando de
todo con el dinero robado.
Ahora resulta que hay una conspiración, un
boicot que impide que se consiga financiamiento internacional para las plantas
a carbón, pero lo que nos ha permitido establecer sin la más mínima duda el
pugilato armado en torno la sentencia del Tribunal Superior Administrativo
suspendiendo una licitación a todas luces amañada, es que la propuesta
económica del consorcio Odebrecht-Tecnimont-Estrella ha sido abultada y
aprobada por la cámara de diputados en al menos US$500 millones de dólares,
casi 22 mil millones de pesos, ese es el dato relevante, todo lo otro es una
cortina de humo.
Diversos sectores en Bani comenzamos a inquietarnos
por la ligereza y celeridad con que un proyecto que se supone debía ser tan
importante para el país se estaba salcochando en medio de tanto misterio,
prácticamente sin ofrecer a la población ninguna información relevante como
debía suponerse.
Centramos nuestras preocupaciones en
los impactos ambientales, económicos y sociales, pero cuando revisamos los
cálculos de la facultad de ingeniería y arquitectura de la UASD y al fin pudimos ver a regañadientes el
estudio de impacto ambiental que violando toda norma depositaron en el
ministerio de medio ambiente, pudimos comprobar que nos estaban vendiendo un
proyecto de tecnología sub-crítica, convencional, tradicional, el mas
contaminante, que el valor máximo a que podía llegar de acuerdo a los estándares
internacionales era a US$1,500.00 millones de dólares, incluyendo el puerto.
Quedo claro para nosotros que si una
empresa china de experiencia en el ramo (Gezhouba) estaba ofreciendo una
propuesta en US$900 millones, para evitar que se le desbaratara el negocio a
los promotores de la CDEEE-ODEBRECHT-ESTRELLA-STANLEY
CONSULTANTS, había que descalificar a esta empresa en la fase técnica, fueran
subsanables o no sus errores, pues todo el mundo sabe que los chinos son en la
actualidad el taller industrial del mundo con mas de 2 billones de dólares de
reservas internacionales y con capacidad para financiar cualquier proyecto.
Subsanando las diferencias técnicas,
siendo este un proyecto diseñado por la CDEEE como dicen ellos tipo llave en manos, es claro que la oferta de los chinos
podía subir a US$1,200.00 o US$1,300.00.
De cualquier forma estamos hablando de una
diferencia demasiado grande, entendimos también porqué Isidoro Santana y Ramón
Flores no firmaron el acta de adjudicación de la licitación, no necesitábamos
mas explicaciones, pues hasta una bachata hay por ahí que dice “sobran las
palabras”, pues tratándose de dinero “sienten que cada vez lo aman mas”.
Pero igual, el ingeniero Antonio Almonte
antiguo director de la Comisión Nacional de Energía (CNE) preguntó en un artículo que en vez de hablar de
conspiración, porque no lo hacían mas fácil y le explicaban al pueblo el
desglose de en que ODEBRECHT-TECNIMONT-ESTRELLA gastarían los US$2,040.00
millones de dólares que contenía la oferta que finalmente acogió la CDEEE y el congreso.
Nosotros pediríamos además que esta gente
explique en que es que han gastado según alegan US$300 millones de dólares, más
de 13 mil millones de pesos, en un proyecto que a penas ha comenzado.
Hasta ahí, nos referimos a lo que
llamamos tollo financiero y fiscal con el componente mafioso que se ha
descubierto, sin obviar que el financiamiento de este proyecto pondrá en un
limite de riesgos a un endeudamiento público que se reconoce en un 50% del PIB,
y que el mismo lo aumentara en 4 o 5 puntos porcentuales.
No nos estamos basando en denuncias
como las de el consorcio IMPE que ha acusado a ODEBRECHT de incluir US$80
millones dedolares, mas de 3,400 millones de pesos en refrigerios, bocadillos,
viajes y cosas de ese tipo, aunque al parecer esto también es cierto.
Para el pueblo dominicano no es una
sorpresa que políticos, empresarios locales e internacionales, representantes
de potencias coloniales e incluso los llamados organismos multilaterales se
confabulen para esas “indelicadezas”.
Desde que el aventurero ingles Edward
Harmont se puso de acuerdo con el gobierno de Buenaventura Báez en 1869 para
estafar al país vendiendo papeles fraudulentas en Europa, posteriormente
legalizados por el gobierno de Lilís con las casas Westendorp y la Santo DomingoImprovement Co. que concluyeron con
la entrega de las aduanas, la mal llamada convención dominico-americana, la
intervención militar de 1916-1924, el robo de las tierras del país para
los ingenios norteamericanos y la imposición de la tiranía trujillista por más
de 30 años, la historia ha sido siempre la misma.
Trujillo y su grupo monopolizaron el robo
vendiéndole empresas deficitarias al Estado a precios viles y comprando las
empresas rentables a precio de vaca muerta, con violencia de por medio
incluida.
En la etapa mas reciente la
mercantilización, privatización y descuartizamiento de servicios y bienes
públicos nos lo han vendido como “reformas”, como aquella de la seguridad
social en la que lo único que funciona bien es que los bancos han recaudado mas
de 260 mil millones de pesos de los trabajadores para los fondos de pensiones,
hacen negocios con ellos y ahora ni siquiera quieren devolverle una migaja a
los ingresantes tardíos de la llamada seguridad social.
En la otra parte del latrocinio: los
trabajadores prepagamos a las ARS de los bancos, y después ellos con los
cuartos de la gente en sus arcas deciden que tipo de servicio de salud van a
cubrir, y de cualquier forma hay que pagarle enormes diferencias monetarias.
Mucha gente con seguro prefiere irse a un hospital publico, mientras los bancos
nadan en dinero, ese es otro mecanismo expedito de drenaje de los pobres
hacia los ricos, a eso es lo que han llamado reforma de la seguridad social, un
robo fino.
Esto para no mencionar los fraudes
bancarios que agregaron más de un millón de nuevos pobres, ni otra infinidad de
escándalos con el mismo patrón: empresarios y políticos se roban el dinero del
pueblo, con el cual adquieren tanto poder que se mantienen impunes.
Los dominicanos no sufrimos un modelo en
que un grupo de políticos y empresarios roban: tenemos un sistema ladrón de la
cabeza a los pies, que nos dominan robando, que es distinto.
Las instituciones están al servicio del
robo institucionalizado, como eso de los empresarios del sector cañero (Central
Romana, Viccini y tal), que por más de un siglo llenaron sus arcas con el sudor
de los trabajadores migrantes con la que era “la espina dorsal de la economía”,
muchos de ellos legalmente contratados por los gobiernos, pero ahora que ya la
caña no es tan rentable entonces se valen de legisladores y jueces para aprobar
leyes de migración, sentencias tipo TC-0168-13 y toda clase de aberraciones
para negarle a sus herederos hasta un papelito que diga que tienen un nombre y
que habían nacido en un cañaveral que se hacia pasar por país.
Ojala que este nuevo escándalo con la
sobrevaloración de las plantas a carbón y otros latrocinios medioambientales,
socioeconómicos e institucionales que a propósito de este proyecto referiremos,
contribuya a que nos unamos para comenzar a decirle BASTA YA, a todo este
desmantelamiento que las élites cuatreras han perpetrado contra nuestra
sociedad.
Con el tema eléctrico las cifras del
latrocinio son escandalosas, si comparamos los robos recientes con los modestos
13.2 millones de dólares que pago el Estado dominicano por la antigua Compañía
Eléctrica de Santo Domingo (luego CDE), cuando fue nacionalizada en 1954.
La antigua CDE fue corrompida y
desacreditada deliberadamente, basta recordar escándalos como los del contrato
con la HIDRO-QUEBEC-SOFATI a principio de los 90, el nombramiento
del antiguo jefe de la Banda Colorá, Ramón Pérez Martines
(Macorís) para destruir a SITRACODE y el sinfín de contratos leoninos con
empresas privadas.
Pero lo que más le duele al pueblo
dominicano es que lo hayan querido tomar de entupido para hacer pasar por
capitalización o privatización lo que no ha sido otra casa que un conjunto de
tecnicismos para entregarle los bienes comunes a un tal sector privado
insaciable.
Hablan ahora de la necesidad deque el
Estado invierta en generación de bajo costo para solucionar el problema
eléctrico, pero se supone que eso era lo que debían realizar las empresas
“capitalizadas”.
Lo anterior es una mentira burda, desde
finales de 1999 cuando se ejecutó la mentada capitalización y hasta la
actualidad, el estado ha pagado poco mas de 335 mil millones de pesos,
más de 9,100 millones dólares en subsidios, ¿y cuanto han invertido los
todopoderosos consorcios privados?, ni siquiera una cuarta parte de ese dinero.
Queda claro que no era necesario regalarle las empresas eléctricas, con ese
dineral pagado en subsidios en manos de gobiernos verdaderamente responsables
hace mucho rato que se hubiera resuelto el problema eléctrico.
Pero no han hecho nada, y ahora
le quieren vender al pueblo la idea de que con las plantas a carbón
se iniciara la solución. Es simplemente una escalada más del latrocinio, con el
agravante de que ahora intentan multiplicarnos los problemas ambientales,
económicos y sociales derivados de la construcción y operación de estas
plantas.
·
Que se acabaran los apagones, es mentira.
·
Que acabaran con el subsidio, es mentira.
·
Que rebajaran los costos del sistema, es una media verdad, casi mentira, al
menos las tarifas no bajaran.
Especialistas conocedores del tema han
explicado detalladamente en esos días porque es una farsa que las plantas a
Carbón son la solución para el problema eléctrico nacional.
Y entonces porque tenemos que poner este
estrés sobre las finanzas públicas?
Porque tenemos que sacrificar a niveles
tan graves, la salud, el medio ambiente, la agropecuaria y tantos temas
sociales en la Provincia Peravia y el País?
La respuesta es que tienen que satisfacer
las apetencias lucrativas de grupos empresariales y políticos inescrupulosos
que solo piensan en sus bolsillos y su ambiciones de poder, aunque al pueblo se
lo lleve el mismo diablo.
Volviendo al carbón como negocio sucio,
podemos entender porque han saltado por encima de todos los mecanismos
institucionales, la consulta con la población, la ley de medio ambiente y
recursos naturales 64-00, los permisos municipales y todas las normativas
habidas y haber, desacatan sentencias judiciales y dicen que solo Dios podrá
detener su proyecto, así se miran así mismos, consideran que están por encima
del bien y del mal.
Sobre la cuestión ambiental y los impactos
económicos y sociales iniciaron el proyecto el 15 de diciembre del 2013 y
reconocieron en el contrato firmado entre CDEEE-ODEBRECHT-TECNIMONT-ESTRELLA
que las obras arrancaban formalmente el 7 de febrero del 2014. No se molestaron
en realizar un estudio de impacto ambiental antes del inicio del proyecto.
El ministerio de medio ambiente emitió
unos términos de referencia para el estudio, el 25 de marzo del 2014, con las
obras ya en marcha.
Allí pusieron una serie de requisitos
habituales, pero solo por puras formalidades, puesto que el estudio de impacto
ambiental es un instrumento que debe elaborare en la fase de diseños para poder
ser integrado con los planes de ingeniería y tomar la decisiones mas adecuadas
de localización y manejo ambiental, pero eso no le servía de nada, sus
decisiones ya estaban tomadas y todo esto solo podía ser estorbo a sus
intereses.
La decisión de hacer el estudio respondió
mas a la presión publica, que a una real intención de los promotores de cumplir
con ese requisito, por eso a la carrera las firmas de consultores que se prestaron
para esa treta (G y S Narural Group y Paredes Consultores Ambiéntales SRL),
entregaron el estudio el 29 de julio (solo realizando una vista publica en
Nizao, aunque los términos decían que debían realizar dos).
El ministerio de medio ambiente publicó
un aviso el 7 de agosto en el Listín Diario para que las personas e
instituciones interesadas en hacer sugerencias al estudio pudieran
pasar por esa dependencia en los próximos 15 días. No pasaron bien estos 15
días y ese ministerio sin consultar a nadie, sin hacer vistas públicas, sin
permisos municipales, sin cumplir con nada anuncia que ha entregado el 26 de
agosto la Licencia Ambiental, es una licencia
política.
A estas alturas todavía el ministerio de
medio ambiente, se niega a entregar los términos de referencia y el propio
estudio, a pesar de que ya supuestamente ha emitido una tal licencia ambiental,
violando todos los procedimientos establecidos.
En estas condiciones dicho estudio es una
farsa, de todos modos esta gente dice allí que más del 94% de la poblaron
consultada en la provincia apoya ese tollo de proyecto, confunden la necesidad
que tiene la gente de que se le busque solución al problema eléctrico, con este
negocio sucio del carbón en Punta Catalina.
Valdría la pena retar a estos consultores
y al ministerio de medio ambiente a que contraten una encuestadora
independiente, que seleccione una muestra científica para ver si es verdad que
la población de Peravia apoya eso.
El estudio dice muchísimas otras cosas
técnicas, pero en temas como el manejo de las cenizas no aporta informaciones
relevantes, sí dice que se ubicará un deposito de 194 mil metros cuadrados
ubicados a unos800 metros del Batey San José donde aun viven mas de
30 familias y a unos 1,800 metros de la comunidad de Catalina, contrario a como se pensaba antes que este
deposito estaría ubicado en un área mas cercana a las instalaciones de las
plantas.
Habrá que desalojar familias y ni siquiera
lo mencionan. La ubicación de este depósito con la dirección de los
vientos de la zona puede arropar a una comunidad como Paya donde viven más de
15 mil habitantes.
Según el ingenioso método propuesto por
estos consultores, la población directamente impactada por el proyecto es la
ubicada a 3 kilómetros de las instalaciones de las plantas, cosa que ni ellos
se lo creen.
Otra cuestión crítica es la seguridad de
las instalaciones y la posibilidad de desastres ambientales catastróficos, pues
la zona de Punta Catalina es sismicamente activa, esta expuesta a fuertes
oleajes y fenómenos como huracanes y tormentas.
De hecho, la localización de esta
capacidad de generación es más justificable por diversas razones en la región
norte del país donde el déficit de electricidad ha sido históricamente mayor.
Para la ubicación de estas plantas en este
lugar no se siguieron criterios técnicos, económicos y ambientales científicos,
sino que se ubico allí simplemente por la disponibilidad de terrenos que en la
zona tiene la familia mas rica del país, el grupo Viccini, que ha facilitado
los mimos en condiciones aun muy oscuras.
En principio se dijo que se utilizarían
unos 475 mil metros cuadrados, ahora sabemos porque se consigna en el estudio
de impacto ambiental que el espacio que se utilizará para el proyecto son
2, 252, 511.58 mts2, más de 3,600 tareas
de tierra y las instalaciones de las dos plantas más los depósitos de cenizas y
carbón cubrirían 577,939 mts2.
De estas informaciones se desprende que
aún quedan 1, 674,572.58 mts2, más de 2,600 tareas de tierra que no se ha
informado a la opinión publica lo que se realizará con ellas, pero que es
claro que existen acuerdos secretos con Los Viccini respecto a ello y que estos
acuerdos pueden tener serias implicaciones negativas adicionales para la
provincia Peravia y el País.
Por lo pronto, aunque en los términos
referencia del estudio de impacto ambiental el ministerio de medo ambiente le
exige a la CDEEE que debe tener un certificado de título o documento de compra de todos
estos terrenos, no hay constancia formal que haga referencia a esta
operación, ni ninguna otra respecto a los mismos.
Es obvio que en esas condiciones tome
fuerza la versión de que pretenden colocar otras plantas allí, y además
una fabrica de cemento propiedad de Los Viccini, con lo cual los impactos
ambientales dañinos, las afectaciones a la salud y a la agropecuaria de que
hemos hablado serian aún mucho mayores.
Ahora que se están filtrando a la prensa
muchas de las travesuras en torno a este proyecto, estamos seguros que si
no han dicho nada con esta cantidad tan gran de terrenos restantes, es porque
lo que se proponen hacer ahí de antemano saben que también será rechazado por
la población.
La frontera de estos terrenos llegan hasta
Catalina, Paya y Nizao y mientras más cenizas y contaminantes coloquen en toda
la zona, a mas riesgos estará expuesta la población, incluso a problemas de
desalojos, con el agravante de que estos todopoderosos dioses entienden que la
gente ni siquiera tiene derecho a que se le informe.
En fin es que este proyecto por donde
quiera que se le mire es un maco, la conspiración es justamente esa, para los
banilejos, catalineros, payeros, nizaeros y la población de la Provincia Peravia y el país en general,
esto es un atraco a mano armada.
La mayoría de los proyectos a Carbón
actualmente en el mundo usan tecnología super-crítica, un poco más costosa con
emisiones de carbono más controladas que los que usan tecnología
sub-críticas como es el caso nuestro, el cual nos lo han vendido mucho más
caro, pero con la tecnología más atrasada y contaminante, a eso debían
referirse los ingenieros de la CDEEE cuando hablaban de “tecnología de punta”, punta que no llegaba ni a Punta
Catalina y “un proyecto de clase mundial”, que estaba por debajo del
“tiguerague barrial” con que han venido a Bani estos ingenieros con su “banda
de ataque”, en representación de intereses políticos-empresariales “pa sabana”,
“no perdida”, sino “sabana jovero”, pues quizás entienden que aquí la gente es
una manada de animales que no merece la mas minima consulta, ni respeto.
Con todas estas justificaciones nos
estamos oponiendo a este proyecto y que no den aún por ganada su apuesta, pues
el pueblo se esta empezando a enterar de todo y a reaccionar, es nuestro deber
concientizar y organizar esta lucha hasta las últimas consecuencias.
Tenemos derecho a exigir que se rompan
todos esos contratos corruptos con Odebrecht, Stanley Consultants y también los
contratos secretos con Los Viccini.
Obviamente que con todos los intereses
envueltos, sus promotores utilizarán todo su poder y se emplearan a fondo para
sacar adelante su engendro aunque en la actualidad tengan dificultades para el
financiamiento.
Al final va a depender más que de consideraciones
técnicas, económicas y legales, de la movilización social y la actitud de la
ciudadana y los actores políticos y mediáticos activos en uno y otro sentido.
No por casualidad los promotores de este
engendro, obviaron todas las normas institucionales y se lanzaron a una
imposición política por el camino mas corto, movilizando recursos financieros,
logísticos y mediáticos y aprovechándose del control de las instituciones para
avanzar rápidamente, imponer el proyecto como un hecho consumado, alegar que ya
no se puede hacer nada e influir maliciosamente, en el estado de animo de la
gente apostando al cansancio y que “bueno, va a contaminar, pero ya no hay
tiempo para echar eso para atrás”.
El anterior es simplemente un punto de
vista político para ganar apoyo comprando la indiferencia de la gente y su
desesperación porque se solucione el problema eléctrico, esa misma estrategia
utilizaron en la década del 90, cuando las tandas de apagones justificaron el
robo publico que represento la mal llamada “capitalización”.
Este trabajo es una denuncia, como una
respuesta a la estafa política con que se ha orquestado este proyecto, por ello
lo iniciamos augurándole un corrientaso a los principales propulsores políticos
de este engendro.
Incluimos ahí al senador de la Provincia Peravia el señor Wilton
Guerrero, pues contrario a otros legisladores que se opusieron a las plantas a
carbón cuando intentaron ponerlas en sus comarcas, el les dio la bienvenida en
Bani, y que malo, porque un modesto agricultor que se ha transformado en un
potentado comerciante y político puede terminar muy mal, como ejemplo contrario
al de Máximo Gómez, que muy a tiempo en su carrera político-militar supo
ponerse al lado de los mejores intereses del país y el Caribe.
Si al final tienen éxitos con este
parque de generación a carbón mineral y sus cuestiones conexas, esto va cambiar
de manera muy sustantiva para mal la vida económica, social y cultural de
Catalina, Carretón, Nizao, Paya, Bani y toda la provincia Peravia, que es una
zona de tradición agrícola – ganadera, con una agro industrialización y
urbanización como extensión agropecuaria (dulces, café, granos enlatados y
cosas así). Peravia esta muy lejos de ser Haina que es una vieja zona portuaria
y de concentración industrial. Ese proyecto es muy poco lo que tiene que
aportarle a Bani, es falso que se multiplicaran los empleos, se perderán mas
que los que generaran las plantas.
En principio, ni siquiera nos hemos
opuesto a las plantas como tales y además somos conscientes de la importancia
de buscarle soluciones a la problemática eléctrica nacional, nos hemos opuesto
esencialmente al carbón mineral, un combustible que se esta abandonando en todo
el mundo por sus dañinos efectos sobre la salud y el medio ambiente. En el
curso de este debate ha quedado claro que si tenemos otras alternativas.
Pero igual, sin desarticular la estructura
mafiosa que controla el sistema eléctrico nacional, este seguirá siendo un
barril sin fondo, por supuesto que esto es valido para todo el modelo económico
y social dominicano.
Por ello esta lucha contra las plantas a
carbón, no solo debe sumarse a todo el movimiento por la preservación de la
salud, las fuentes de agua y la ecología de nuestro país.
Aun más importante,
necesitamos librar una batalla sin cuartel contra la impunidad que se
roba toda la oportunidad de progreso de nuestros niños /as y no basta ya con
encarcelar a los ladrones, es necesario despojarlos del patrimonio físico y
monetario que le han sustraído al pueblo, como aquella campaña que lanzaron los
jóvenes de los Alcarrizos años atrás con el lema de que “DEVUELVAN EL
DINERO”.
MANOS A OBRA.
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